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Comité Canadiense para Combatir los Crímenes Contra la Humanidad
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Retransmisión de mensaje :
From: marilyp@ets.unc.edu.ar
To:
Comite Canadien <comitecanadien@post.com> Sent:
Sunday, December 08, 2002 8:09 AM Subject:
FORO SOCIAL CORDOBA,
ARGENTINA
Asambleas
Populares de Vecinos Autoconvocados, Mar del Plata, Argentina, 2002
La
deuda o la vida ¿Cuántas
veces se preguntó acerca de qué es lo cierto y lo no cierto en relación
al tema de la deuda externa? Seguramente escuchó decir que “no hay que pagar la deuda” y también
que “hay
que honrar las deudas”; que “si no la pagamos quedamos aislados del
mundo” y que “si la seguimos pagando nunca creceremos como país”. ¿Cuántas
veces escuchó argumentos contrarios, quedando más confundido aún?
A nosotros nos pasó lo mismo y decidimos comenzar a leer e
investigar por nuestra cuenta toda la información que encontráramos, sin
desechar ninguna fuente que llegara a nuestras manos, cualquiera fuera su
origen. Es
así que este grupo de vecinos de Mar del Plata, integrantes de Asambleas
Populares de Vecinos Auto-convocados, en su mayoría legos en la materia y
sin pertenencia partidaria, profundizamos el tema y decidimos volcarlo en
este trabajo para compartirlo con Ud. y, avanzar juntos en la búsqueda de
una solución. ¿es
necesario saber qué es la deuda externa argentina? La
deuda externa (DE) aparece muchas veces como tema de discusión con el que
se debaten sólo posturas ideológicas y pocas veces se lo relaciona con
el malestar íntimo y cotidiano que nos rodea y nos invade. Podríamos
comenzar este documento colmando con datos estadísticos que nos describan
“objetivamente” la situación de deterioro creciente de la calidad de
vida que sufrimos los argentinos. Pero a la hora de referirnos al
sufrimiento de personas como usted y nosotros, creemos que la frialdad de
los números no alcanza para ser “objetivos”. Lo humano trasciende a
lo cuantitativo. Por
eso, en su lugar lo invitamos a que rescate de su propia experiencia los
sentimientos que generan las imágenes de la realidad cotidiana que a cada
momento nos impactan: gente durmiendo en la calle, niños comiendo de la
basura, personas mayores desatendidas en la salud, más trabajadores
aceptando peores condiciones de trabajo o perdiendo su empleo, incremento
de la violencia, degradación y perversión de las instituciones y de sus
funcionarios. Es muy difícil que las estadísticas puedan reflejar esta
gravedad. Además, ¿qué importancia tiene que las estadísticas nos
informen que fueran sólo aquellos que usted vio o muchos más? Esto es
poco relevante cuando hablamos de sufrimiento humano (aunque sabemos que,
muchas veces, a esta realidad sólo se la entiende cuando se la sufre). Muchas
veces nos preguntamos cómo un país con los recursos naturales y
culturales del nuestro llegó a esta situación de crisis extrema. No
pretendemos dar aquí respuesta a esta pregunta, pero sí comenzar a
buscarla junto a usted y pensar entre todos qué hacer. Una línea de análisis
-entre otras posibles- consiste en averiguar, investigando la DE, si el
destino que los gobernantes han dado y dan a los recursos económicos que
día a día producimos los argentinos con tanto esfuerzo, contribuye al
crecimiento del país o responde a otros intereses. ¿Qué
es la deuda externa? La
DE está conformada por el dinero que ingresó por préstamos del exterior
más los intereses que este dinero va generando, y los gastos y comisiones
que cobran los funcionarios cada vez que renegocian. Los acreedores pueden
ser gobiernos de otros países, instituciones inter-gubernamentales como
el FMI o el Banco Mundial, bancos comerciales o tenedores de bonos u otros
instrumentos financieros que el gobierno argentino emite. Para
el año 2000 se calcularon 12.000.000.000 de dólares para el pago de
intereses de la deuda. Estos pagos los debe hacer el Estado con los
recursos del presupuesto. Si no alcanza a cubrirlos negocia nuevos créditos
(renegociaciones) bajo los requisitos que los organismos internacionales
exigen, que por lo general, resultan en “ajustes” al presupuesto
nacional con efectos cada vez más recesivos y regresivos para la población.
Evolución de las renegociaciones de la DE:
Fuente:: Revista «La Nación» del 6-5-01, pág. 22 a 24, artículo «Como empezó la Deuda Externa» por Jaime Poniachik ¿
qué consecuencias tiene para nuestro país la DE ? Para
que podamos entender las consecuencias directas del pago de la deuda
externa basta con dar un solo ejemplo de los muchos que encontramos: en el
primer semestre del 2000, entre los recortes (“ajustes”) efectuados
para poder pagar sólo los intereses de la DE, se asignaron 28 millones de
dólares menos en sueldos, 50 menos del Plan Trabajar, 18 menos del
subsidio a la pobreza, 15 menos para enfermedades de alto riesgo, 14 menos
para proyectos de innovación tecnológica, 24 menos para infraestructura
y equipamiento escolar, 9 menos para infraestructura básica social de
provincias, y 8 menos para control y prevención de enfermedades, 5 menos
para la atención de la madre y el niño y 3 menos para el sida. Estos
datos muestran claramente como la DE se relaciona directamente con la
Deuda Social. En los ultimos veinte años, el constante incremento de la
primera ha llevado al de la segunda, con el consecuente deterioro de
nuestra calidad de vida. Similares consecuencias se observan en el resto
de los países de América Latina y del tercer mundo en general. ¿cómo
nos vamos endeudando? El
ocultamiento de la naturaleza y características del proceso de
endeudamiento fue una táctica de quienes ejercieron el poder para
confundir y engañar a la sociedad. Todas esas acciones se realizaron
sobre una misma base ideológica: pasar de un modelo capitalista de economía
productiva a otro capitalista de economía financiera, cuyas características
describimos en el siguiente cuadro:
Veremos
ahora la evolución de este proceso de imposición del modelo económico y
de configuración de la DE. en los últimos 30 años En
la década del ’70, a raíz de la crisis del petróleo, el precio del
galón aumentó de 0.80 u$s a 15,00 u$s. (19 veces más). Este incremento
provocó una gran liquidez (abundancia de dólares en el mercado),
proveniente de los negocios con petróleo que, colocada en la banca
internacional (Citibank y otros) modificó la economía mundial. Estos “petrodólares”,
como toda mercancía abundante, ponían en peligro su valor (ley de oferta
y demanda). Para evitar esto, los dueños de los petrodólares -organizados
en el FMI- se ocuparon de ubicarlos forzadamente a través del
otorgamiento de créditos. Para lograrlo dieron a las delegaciones de la
banca internacional el mandato de inducir a los diferentes países a tomar
créditos, ofreciendo una tasa de interés insignificante (el 6,00% anual).
Es así que el conjunto de los países latinoamericanos se endeudó
innecesariamente en 300.000 millones de dólares. Como
estos créditos forzados no respetaban las necesidades de los países
destinatarios, sino más bien las conveniencias de los capitalistas que
los otorgaban, dicha operatoria debía realizarse bajo ciertas condiciones
de presión como por ejemplo: 1) desmantelar el aparato productivo de cada
país para que no pudiera generar su propia riqueza y así siguiera
necesitando de capitales extranjeros; y 2) aniquilar toda fuerza social
que, defendiendo los intereses de su pueblo, se opusiera al endeudamiento
forzoso. Para
generar esas dos condiciones, los capitales extranjeros promovieron la
instalación de la dictadura militar que, vía terrorismo de Estado, hizo
desaparecer a 30.000 personas y asesinó otras 10.000 para terminar con
toda expresión opositora.
Entre el 76 y el 83, instaurada la “timba
financiera”, los especuladores pasaron a ser más valorados que los
trabajadores. La deuda creció en un 350% sin que existan registros
contables que lo acrediten. Se desconoce el destino de los fondos, pero se
sabe que no fueron utilizados para desarrollar la economía sino para la
especulación. En esta etapa comienza también el endeudamiento
innecesario, y muchas veces ficticio, de las empresas estatales. Todo esto
está plenamente demostrado en el juicio penal “Olmos, Alejandro S/Denuncia”
con sentencia firme sobre la DE, dictada por el juez federal Ballestero,
fundada en las pruebas documentales, testimonios de altos funcionarios públicos
e informes de un prestigioso cuerpo de peritos.
Este fallo incluye afirmaciones gravísimas como,
p.ej., que entre 1979 y 1982 hubo una acumulación injustificada de
reservas que se malversaron, se estimuló la salida de dólares para
atesoramiento externo (fuga de capitales), la proliferación de autopréstamos,
se otorgaron avales injustificados a empresas privadas, y se liquidaron
deudas sin asentar los pagos. Durante la década del ’80, la abundancia de dinero se terminó. Esta iliquidez provocó un aumento en las tasas de interés del 6 al 22%, decidido unilateralmente por los acreedores. En el período ´85-´89, la tasa de interés promedio en los países industrializados fue del 4,35%, mientras que la tasa de interés efectivo sobre la DE pagada por los países deudores rondó el 16,8%. Este alza en las tasas generó dos situaciones: 1) se incurrió en el anatocismo, práctica ilícita y usuraria que consiste en cobrar interés sobre interés para sumarlo al capital y cuyo efecto termina siendo “cuanto más pago más debo”; y
2) como las deudas fueron contraídas en dólares y no en la
moneda de curso de los países, la cancelación fue más costosa para los
estados con monedas más débiles. Paralelamente los países centrales
hicieron caer el valor de los productos exportados por el tercer mundo
mientras aumentaban el valor de sus productos industriales y tecnológicos,
lesionando aún más las pequeñas economías y favoreciendo una enorme
transferencia de recursos al primer mundo. Las consecuencias: caída de la
industria, incluso ciudades y pueblos enteros (San Nicolás y Cutral-Co).
Ante este panorama sombrío, los empresarios argentinos huyeron del
mercado interno consumando una verdadera fuga de capitales. En
este contexto, las empresas privadas que habían tomado créditos en el
exterior (muchos eran auto préstamos), se declararon
insolventes
y acordaron con los gobernantes la estatización de sus
deudas por medio de dos maniobras: 1) seguros de cambio y 2) cancelación
de deuda con títulos del estado. En 1985 se realiza la estatización
formal de la deuda privada. Así, el Estado (nosotros) se hizo cargo de una
pesada deuda por un dinero que no recibió, debiendo restar fondos (o
sumar ajustes) al Presupuesto Nacional en salud, educación, ciencia y
tecnología, activación de la producción y fuentes de trabajo.
Paralelamente los países centrales solventaron sus gastos militares y su
desarrollo tecnológico. En 1989 los
países latinoamericanos ya habían pagado más del doble (U$s
700.000 millones) de lo que habían tomado como crédito durante los
‘70.
Pasada
la dictadura, la protesta social comenzó a poner límite a estos ajustes,
y el Estado entró en dificultades para cumplir los plazos de pago,
debiendo renegociar su deuda. Como no puede sancionarse a los Estados
rematando sus propiedades (puesto que estos no pueden quebrar), la banca
internacional utiliza las renegociaciones para no dar por perdidas
definitivamente las deudas, otorgando nuevos créditos con tasas usurarias.
En este marco de dificultad de pago, el FMI pasó de ser un organismo de
asignación de créditos a un ente cobrador de créditos. En el inicio de
la democracia, el gobierno de Alfonsín tuvo la oportunidad de desconocer
la DE por haber sido contraída por un gobierno de facto (“deuda odiosa”)
y no lo hizo. Llegó a crearse una comisión de investigación de la DE en
el Congreso que fue disuelta al poco tiempo, aún habiendo encontrado las
primeras irregularidades. A pesar de esto, el no apego total de la gestión
radical a las disposiciones del FMI generó una tensión en las relaciones
que terminó en una cesación de pagos, con corrida cambiaria,
hiperinflación y finalmente caída del gobierno por un golpe de Estado,
esta vez no militar sino financiero. Ya en los ’90, después de aplicar el Plan
Brady (versión perfeccionada de “estatización” de deuda privada), la
inmensa transferencia de capitales desde los países deudores hacia los
acreedores, permitió a la banca internacional superar la crisis de
iliquidez, por supuesto que a expensas del debilitamiento de las economías
de los países de Latinoamérica. Este debilitamiento hizo necesario que
el FMI cambiara su rol de “cobrador” al de “ente evaluador” de las
condiciones que los países deben cumplir para “merecer“ el crédito.
El criterio ideológico bajo el cual se evalúan estas condiciones es el
del neoliberalismo, que considera que el rol del Estado debe restringirse
a la creación de condiciones jurídicas, sociales y económicas adecuadas
para atraer esas “inversiones” privadas Las
condiciones adecuadas para atraer capitales financieros son: libre
circulación de capitales sin restricciones impositivas ni jurídicas -
políticas monetarias restrictivas que impidan la emisión de moneda y
aseguren altas tasas de interés para los préstamos – políticas
impositivas recesivas con impuestos aplicados al consumo y no a la riqueza
y superávit comercial que asegure el cobro de sus créditos, medidas
todas estas que incrementan la acumulación de dicho capital financiero y
no la producción.
El crecimiento de una economía basada en el
capital financiero especulativo no necesita que los sectores populares
consuman, por lo tanto no interesa si quedan excluidos del modelo. Tampoco
importan los supuestos beneficios de la competencia de mercado, (con la
que los seudo periodistas de siempre nos machacaban en la época de lo
importado y de las privatizaciones) sino más bien los monopolios que
garanticen la ganancia financiera rápida. La consecuencia de la aplicación
de este modelo determina que se sigan cerrando industrias y vendiendo
campos.
El
cambio de modelo fue implementado por la misma fracción de sectores
dominantes que habían instalado las dictaduras militares utilizando,
ahora en democracia, a la corrupción y al soborno para comprar a las
conducciones políticas. Así, la cúpula empresarial argentina financió
a los funcionarios a cambio de que los dirigentes políticos traicionen
los mandatos populares, a pesar de que en campaña pregonaban “no los
voy a defraudar”. Esta alianza les permitió a ambos conservar sus
posiciones de dominación. La corrupción irrumpió como factor orgánico
de cohesión en el sistema de poder, de la misma manera que lo había
hecho antes, el “pacto de sangre” entre los militares genocidas.
Esto
permitió entregar las empresas del estado más rentables en condiciones
por demás ventajosas al capital privado, en su mayoría extranjero (Privatizaciones).
Para
completar el achicamiento del Estado, se puso en marcha la descentralización,
que permitió transferir a las provincias parte del gasto público
nacional y lograr con ello “ajustes” provinciales y municipales. Desde
la mayoría de los medios sólo se escuchaba lo ineficiente que era el
Estado y lo urgente que era achicarlo. En las provincias más pobres estos
ajustes se sintieron y dieron nacimiento en el 93 a las primeras nuevas
formas de lucha y expresión pública de resistencia (Santiagazo,
Cutral-Co, Mosconi). Los primeros “piqueteros” preanunciaban la
inminente desocupación generalizada. No se los escuchó Las
modificaciones no sólo fueron en el terreno de la economía. Para aplicar
el plan y cerrar los negocios con total impunidad, el gobierno menemista
quebró el equilibrio entre los distintos poderes del Estado ampliando el
número de inte grantes de la Corte Suprema de Justicia lo que dio como
resultado la “ votación automática”, consolidando la mecánica del
per saltum.
Además
de lo jurídico, se tejieron complicidades políticas: el Pacto de Olivos
(Menem– Alfonsín) dio curso a la reforma constitucional que aportaría
dos elementos centrales: la reelección presidencial y la delegación en
el ejecutivo de legislar vía decretos de necesidad y urgencia, y de
asumir legalmente la suma del poder público en caso de emergencia económica.
También la mayoría de los medios de comunicación, una vez privatizados,
colaboraron en difundir que la forma de pensar válida era una sola y que
los demás eran “dinosaurios”, “idealistas trasnochados”, o “los
mismos inadaptados y violentos de siempre”. Contrariamente
a lo que nos prometían, el plan económico no sólo “fracasó” en
lograr activar el proceso productivo argentino, sino que aumentó
considerablemente el monto de la DE en un 125% (el plan fue exitoso para
los acreedores) Sobre
el final del 2000 ya se había incrementado la brecha del ingreso entre el
10% más rico y el 10% más pobre de 13 a 33 veces (20 veces más).
Lo sucedido entre el 2000 y el 2002, lo tenemos
más presente. Primero fue , “Banelco y coimas” de por medio, la
“Flexibilización Laboral”: una maniobra disfrazada como una
estrategia para bajar el desempleo que en realidad sirvió para achicar el
costo laboral. Ya habíamos afirmado que en una economía financiera el
trabajo es una mercancía depreciada y despreciable. Luego, en menos de un
año, una seguidilla de maniobras financieras: el Mega Canjeli, la
Pesificación, el “Corralito” y el “Corralón”, la sanción de las
leyes de “Emergencia Económica” y de “Régimen Cambiario” (que
perjudicó al sector de los trabajadores con una pérdida del poder
adquisitivo del 40%), y, por último, la Derogación de la ley de
“Subversión Económica” y la sanción de la nueva “ley de Quiebras”
que dejaron impunes a los responsables de los ilícitos. Hoy, después de
10 meses sin acuerdo con el FMI, el gobierno de Duhalde continúa implorándole
que planteen sus precondiciones genocidas para reiniciar las negociaciones
y seguir pagando. ¿QUIÉNES
SON LOS RESPONSABLES DE ENDEUDAR EL PAÍS? Debemos
comenzar por revisar nuestra propia responsabilidad como ciudadanos, pero
es necesario marcar una diferencia de grado. Quienes elegimos ocupaciones
diferentes a las de dirigente político o funcionario de cualquier
gobierno, debemos reconocer la responsabilidad indirecta de no ejercer la
presión política y el control suficiente sobre las acciones públicas de
quienes nos representaron. Tanta dictadura impidió, a riesgo de muerte,
la participación del ciudadano y el afianzamiento de la democracia.
Nuestra democracia actual, aún incipiente y temerosa, rechaza la
participación en la cosa pública generando un analfabetismo político de
alto costo para el país. Nuestros dirigentes, lejos de convocarnos a la
participación y considerarnos un factor en el balance de fuerzas contra
los sectores dominantes, desaniman la movilización apoyándose en un
aparato represivo no desarticulado desde la dictadura militar, y dejan el
control de los medios de comunicación de masas en manos de estos mismos
sectores para que los utilicen como formadores de opinión o simple
“circo” (desde el fútbol a gran hermano). Este analfabetismo político
de hoy es, quizás, la sombra más oscura en la que se deslizan con
impunidad los peores delincuentes y traidores a la patria. Tal vez esta
amarga experiencia genocida (primero militar y ahora económica) con su
alto costo, nos sea útil para alfabetizarnos y entender que la política
es materia indelegable de todos nosotros, sin excepción. Pero lo que nos
queda claro es que los principales responsables, los culpables directos,
han sido quienes, asumiendo nuestra representación, negociaron y
permitieron que se renegociaran estos préstamos en condiciones tan
desfavorables para nosotros, los representados. Queda claro aquí el
divorcio entre la clase política y los ciudadanos.
Son
responsables en mayor grado los gobiernos de los diferentes Estados, tanto
acreedores como deudores que, antes que respetar los derechos de los seres
humanos, y olvidando que tienen la obligación de velar por los intereses
comunitarios, cuidaron los intereses económicos, propios y sectoriales
del capital financiero, quebrando la más elemental Ética de solidaridad
y cooperación entre las naciones del mundo y traicionando a sus propios
pueblos. Son también responsables directos los organismos internacionales
de crédito como el FMI. y el BM. que, lejos de colaborar en la solución
de los problemas de los países de economía débil, por el contrario se
abusaron de dicha debilidad. El FMI es un organismo especializado del
sistema de las Naciones Unidas, creado en 1944, que según el art. 1 de
sus estatutos está obligado a: ...facilitar el crecimiento equilibrado
del comercio internacional contribuyendo de ese modo al fomento y
mantenimiento de altos niveles de ocupación y de ingresos reales y al
desarrollo de la capacidad productiva»; y de acuerdo con la decisión de
su Consejo de Administración del 29 de abril de 1977: debería vigilar
que los Estados realicen una política financiera sana que les permita un
desarrollo sostenido y socialmente equitativo, cumpliendo al mismo tiempo
sus obligaciones internacionales. En 1947, el FMI y el BM pasaron a ser
formalmente instituciones especializadas del sistema de la ONU y, como
tales, tienen el deber de garantizar los Derechos Humanos. Es
por esto que el crecimiento
irresponsable de las deudas externas cuenta con la complicidad del FMI,
que, no sólo se abstiene de alertar a los gobiernos que se endeudan
improductiva y excesivamente sino que además, a través de la imposición
de sus políticas financieras, fuerza a los pueblos a endeudarse cada vez
más. Cabe
aquí aclarar que en el seno del FMI las decisiones se toman a través del
«voto ponderado» (tantos dólares, tantos votos) quedando las
resoluciones en manos de un pequeño grupo de países ricos que reúnen la
mayoría de los votos. No nos resultó extraño enterarnos que un solo país,
los EEUU puede bloquear las decisiones importantes porque dispone de un
porcentaje de votos del 18%, superior a la minoría de bloqueo, que es del
15%. ¿Qué
se debe priorizar: la garantía a la renta financiera Cuando
alguien comete un delito, se apela al sistema judicial y a la fuerza pública
del Estado para corregirlo. Pero cuando es delito lo comete el propio
Estado, no quedarían instancias a las que acudir si no existieran los
Derechos Humanos (DDHH). Pocas personas saben que su existencia está
reconocida por la comunidad internacional, en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos de 1948, y que Argentina los incluyó en su propia
Constitución con la reforma de 1994. Los
Derechos Humanos, son universales, interdependientes e indivisibles, ya
que si es violado uno de ellos se vulneran todos los demás (p.ej. no
podemos gozar del derecho a la libertad, si no tenemos alimentos, educación,
salud o vivienda digna). Todos los Estados miembros de la ONU deben
promoverlos y garantizarlos. Su violación es ejercida siempre por los
Estados a través de las instituciones (Congreso – Policía – FFAA –
Poder Ejecutivo – etc.), tanto por acción como por omisión. Para
que gocemos de algunos de estos derechos el Estado debe abstenerse de
impedir su goce, p.ej. para que vivamos en libertad alcanza con que no nos
mate ni nos encierre.
Pero
para que gocemos del derecho a una vida digna el Estado debe actuar y
mucho, debe brindarnos posibilidades de desarrollo y bienestar, crear
fuentes de trabajo, garantizarnos el acceso a los alimentos, a la salud, a
la educación, a la vivienda. Estos
últimos son los llamados derechos económicos, sociales y culturales (DESC),
que implican obligaciones para la comunidad internacional y para cada
Estado respecto de sus pueblos y de los seres humanos en general. Todos
tenemos derecho a su goce progresivo en la medida de los recursos
disponibles pero sin apartarse nunca del piso mínimo de bienestar (salud
primaria, educación primaria, etc.). Según las Resoluciones 2626 (XXV),
3201 (S-VI) y 3281 (XXIX) de la Asamblea General-ONU cada Estado tiene el
deber de hacer el máximo esfuerzo para promover el progreso económico,
social y cultural de su pueblo. Si
pensamos la DE a la luz de los DDHH, encontramos más argumentos para
cuestionarla: En
Argentina existe la primacía de los DDHH sobre la obligación de
reembolsar la deuda, sin embargo nuestros gobernantes violan derechos
tanto económicos, sociales y culturales como civiles y políticos, cuando
dedican una parte desproporcionada de los recursos nacionales al pago de
la DE, en lugar de recurrir al beneficio de competencia que en derecho
significa “pagar lo que buenamente se puede” (art. 799 del Código
Civil .Arg.). El derecho a la dignidad está reconocido en el preámbulo
de la Carta de las Naciones Unidas, consagrado explícitamente en los preámbulos
de la Declaración Universal de DDHH., de los dos Pactos Internacionales
de DDHH., y en la Constitución de muchos Estados.
La
falta de acceso a tratamientos médicos y a medicamentos indispensables,
implica una violación del derecho a la vida. La falta de alimentos
suficientes, de una vivienda adecuada, de educación, de acceso a
seguridad social, etc., también constituyen violaciones del derecho a la
vida digna. El art. 5 de la Declaración Universal de DDHH dice: «Nadie
será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes“. El Tribunal Europeo de DDHH dijo que son tratamientos
degradantes los destinados a crear en quien los sufre sentimientos de
temor, angustia e inferioridad, con el fin de humillarlo, envilecerlo y
eventualmente quebrar su resistencia física o moral. La reducción a la
pobreza y más aún a la extrema pobreza puede entenderse como un
tratamiento inhumano y degradante, discriminatorio, que afecta la dignidad
personal de quien lo sufre, provocándole sentimientos de temor, angustia
e inferioridad. Vulnerar
los DESC configura también crímenes contra la humanidad y el crimen de
genocidio, puede invocarse el artículo II, inciso c) de la Convención
para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio: ...“sometimiento
intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su
destrucción física, total o parcial”.
Actualmente
en Argentina está en curso una querella criminal contra varios ex
dictadores y jefes militares del Cono Sur por su responsabilidad en la
ejecución del Plan Cóndor. (“Videla J. R. y otros s/ Privación Ilegal
de la Libertad Personal”). En esta querella se acusa a los imputados de
haber constituido una asociación ilícita para cometer los delitos de
secuestro agravado, aplicación de tormentos, homicidio y desaparición
forzada de personas en el territorio de los países involucrados, mediante
el uso criminal del aparato del Estado respectivo. Y también se hace
mención a la existencia de una conspiración contra el derecho de
autodeterminación de cada uno de los pueblos de los Esta dos parte,
privando a éstos de sus riquezas naturales, desmantelando sus estructuras
productivas y obligándolos a un endeudamiento que se paga con la exclusión
social, nueva forma de desaparición del mundo del trabajo, la salud y la
cultura. La parte querellante ofreció pruebas de las violaciones a los
DESC que fueron aceptadas y ordenado su diligenciamiento. El juez ya dictó
la prisión preventiva de Videla y solicitó la detención, con miras a la
extradición, de Pinochet, Stroessner y un grupo de militares uruguayos.
Este juicio es un ejemplo de cómo se puede denunciar ante los tribunales
como un todo indisociable las violaciones de los derechos civiles y políticos
y las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales.
También las políticas sociales pueden violar los DESC.: La
transferencia de los recursos del Sur al Norte se sostiene implementando
políticas de disciplinamiento social a través de un proceso de
desarticulación de las estructuras estatales de atención a la salud y a
la educación principalmente, reemplazándolas por una política de
subsidios (Plan trabajar, etc), que tienen la misión de institucional la
pobreza y controlar los posibles desbordes sociales a través de prácticas
clientelistas. Desarticulación
de la educación: En nuestro país la tradición de la escuela pública,
que tuvo reconocimiento internacional, está siendo abandonada debido a la
disminución del presupuesto y el avance de la ideología de la enseñanza
privada. Nos encontramos así un campo educativo invadido por la ley de
mercado, en el cual la educación pasa a ser mercancía y el educando un
consumidor. El aumento del analfabetismo, de la deserción y el fracaso
escolar son prueba del este deterioro. Desarticulación
en salud: el deterioro de los servicios y las prestaciones así como la
ausencia de protección y asistencia por parte del estado ante situaciones
de riesgo dependieron también de los cambios en el sistema de seguridad
social (cambios vinculados a los procesos de flexibilización laboral y
desempleo). La impunidad en el saqueo sistemático de las obras sociales
(que eran un baluarte histórico) llevó a su descrédito, el que sumado a
la propagandización de la supuesta excelencia de la medicina de las
grandes corporaciones sirvió para preparar la privatización compulsiva
de 1994. Otra vez, la salud pasa de ser un derecho a ser una mercancía y
el paciente un consumidor más. La reaparición de las enfermedades de la
pobreza es solo una de las consecuencias de esta situación. En
el área trabajo, el desmantelamiento del sistema de obras sociales
produce, además de su impacto en la salud, un proceso más general y
menos visible: la deslegitimación del trabajador como categoría e
identidad social. Cuando el trabajador deja de existir, los derechos
asociados al trabajo pierden sustento. Esto refuerza el proceso de
disciplinamiento de la fuerza de trabajo, obligándola a adaptarse a las
nuevas reglas de mercado, donde el individuo-trabajador es una mercancía
consumible y desechable. En el 2000 se impone (bajo sospecha de soborno)
la ley de flexibilización laboral que avasalla el art.14 bis de la
Constitución. Ya
sabemos qué pasa si pagamos la DE. Hemos sacrificado generaciones y con
ello el futuro de nuestro país, a pesar de lo cual la DE crece
inexorablemente. Ante esta evidencia debemos plantearnos lo que sucedería
si no pagamos. Un Secretario del Tesoro de los Estados Unidos a fines de
los años 1920 (A. Melow) dijo, en ocasión de la firma de 15 convenios de
re programación de deudas de guerra de países europeos con EE.UU.: “La
insistencia en el cumplimiento de un convenio que supere la capacidad de
pago de una nación le serviría de justificación para negarse a
cualquier arreglo. Nadie puede hacer lo imposible…quienes insisten en cláusulas
imposibles están propiciando en última instancia el repudio completo de
la deuda”. Pese a esta reprogramación, Alemania y otros países
suspendieron más adelante el pago de esas deudas. El
profesor José Antonio Alonso, en un artículo publicado en el diario español
“El País” del 17 de abril de 2001, después de indicar el elevado
costo económico y social de la deuda de los países en desarrollo, señala
que después de la Segunda Guerra Mundial se fijó como cuota máxima para
el pago de la deuda alemana el 4,6% de sus exportaciones, con el objeto de
“no dislocar la economía” y “no drenar indebidamente sus recursos”.
Es decir que Alemania, después de haber provocado la hecatombe humana más
grande de la historia, recibió mejor trato que el que reciben actualmente
los países deudores pobres. Muchas veces, la historia muestra que no
pagar la deuda tiene efectos ventajosos. La anulación del 51% de la deuda
de guerra alemana en 1953 contribuyó fuertemente al renacimiento económico
de ese país. Otros
antecedentes de no pago son el Estado ruso en 1918, la deuda de guerra de
Inglaterra y Francia e incluso la deuda latinoamericana después del crack
de 1929 de Wall Street. Las
grandes potencias, nunca o casi nunca han pagado sus deudas . La deuda de
los Estados Confederados del Sur después de la Guerra de Secesión fue
anulada mediante el punto 4 de la Enmienda XIV de la Constitución de los
Estados Unidos del 16 de junio de 1866, que dice: “…ni los Estados
Unidos, ni ninguno de los Estados reconocerán o pagarán deuda u obligación
alguna que se haya contraído para ayudar a una insurrección o rebelión
contra los Estados Unidos…; estas deudas, obligaciones y reclamaciones
serán consideradas ilegales y nulas”. La
amenaza de suspensión de la línea de crédito no tiene sentido para la
mayoría de los países del Tercer Mundo que hace muchos años no tienen
acceso a préstamos de capital. Aún para el puñado de países que todavía
tienen acceso a estos capitales (China, Brasil, México y Tailandia), el
80% de las entradas de inversiones extranjeras correspondieron a la
adquisición de empresas ya existentes que pasaron a ser controladas por
las multinacionales de los países más industrializados. Esas inversiones,
como venimos viendo en la Argentina, no implican creación de empleos,
sino lo contrario. Por
último, Eric Toussaint (autor de “La bolsa o la vida”), afirma que la
DE del Tercer Mundo constituye el 5% del total de la deuda mundial y que
no pagarla no afectaría la dinámica de la economía mundial. Si la
dimensión económica no es importante, entonces podría pensarse que la
insistencia sobre el pago de la DE tiene más bien fines políticos: como
por ejemplo la continuidad de la dominación y el sometimiento de los países
pobres. ¿HAY
QUE HONRAR LAS DEUDAS? Analicemos
juntos los argumentos que se suelen escuchar en defensa de la continuidad
del pago: “la
gente de bien debe honrar sus deudas” Creemos
que esto es así, pero sólo cuando dichas deudas son constituidas con
honradez. Por el contrario, una deuda deshonrada, más que una deuda es
una estafa. Del
Fallo del juez Ballesteros surge que la DE Argentina es: · ILEGITIMA en
tanto fue contraída por un gobierno de facto ( deudas odiosas”). ·
ILEGAL en tanto es inconstitucional por que corresponde al Congreso
decidir sobre el endeudamiento del estado, situación que no se cumplió. ·
ILÍCITA en tanto la mayor parte de la misma se hizo a través de
maniobras ilícitas y mecanismos fraudulentos. “si
nuestros representantes son corruptos, nos tenemos que hacer cargo de sus
acciones” Podría
afirmarse que fueron nuestros mandatarios, en nuestra representación, los
que la contrajeron; y, por lo tanto deberíamos asumir la responsabilidad
del pago. Pero ningún gobierno de facto puede considerarse legítimo ni
representativo, sobre todo cuando debió apelar al terrorismo de estado
para acallar y hacer desaparecer las voces de oposición, destruyendo el
tejido social de nuestro país. “si
los representantes fueron elegidos democráticamente debemos hacernos
cargo” En
cuanto a los gobiernos democráticos que tomaron créditos desfavorables o
aceptaron un endeudamiento fradulento hecho por los gobiernos de facto, no
lo hicieron con el consentimiento de su pueblo, ni respetando la
Constitución –que en su artículo 75, adjudica esa función al Congreso
de la Nación-, sino a sus espaldas y traicionando con el incumplimiento
de las plataformas por las que habían sido elegidos. “los
argentinos no sabemos elegir representantes capaces y honestos” Si
así fuera no podemos entender porqué la DE tuvo el mismo comportamiento
nefasto para la mayoría de los países del tercer mundo. Esto, demuestra
que son los propios capitales financieros extranjeros y locales los que,
apoyando y solventando las campañas de los candidatos más corruptibles
de cada país (y criminalizando y persiguiendo a la oposición), instalan
los gobernantes más funcionales a sus voraces intereses económicos.
“los organismos internacionales no son culpables y debemos cumplir con
ellos” La
complicidad de los organismos internacionales es evidente y destierra todo
intento de defender su inocencia. El FMI violó sus propios reglamentos
internos y desoyó a los peritos de las entidades cedentes del crédito
que alertaban a los negociadores sobre las condiciones poco claras en que
se firmaban los acuerdos, tal como aparece en la Causa Olmos. “debemos
pagar sólo lo que corresponde según la documentación oficial” Nadie
con sentido común aceptaría pagar una deuda de la cual no tuvo
conocimiento, ni usufructo, ni participación en la asunción de su
responsabilidad, ni prueba que la documente fehacientemente y respalde
dicho compromiso. En la causa Olmos se demuestra que en el Banco Central
de la República Argentina no existen registros contables ciertos que den
cuenta de cuanto dinero se recibió y cual fue su destino “declararla
ilegal por nuestro lado no sería justo. hay que preservar los valores de
bien” Suponiendo
que la DE se hubiera contraído en forma lícita, legal y legítima, nada
justificaría para una persona de bien con valores humanitarios, que se
pague a expensas del hambre, la salud, el abrigo, la educación y la
dignidad de una sola persona de este mundo. “hay
que sentarse a renegociar pero bajo nuestras condiciones” No
se puede negociar cuando no existen condiciones equitativas de poder entre
las partes. Además la renegociación, como lo demostró la historia, es
la política de los acreedores, cuya finalidad es la de aumentar y
eternizar nuestro supuesto endeudamiento “si
no negociamos quedamos aislados del mundo” Habría
que analizar de qué mundo se habla, porque si es del “primero”, ya
sabemos lo que nos causaron 10 años de relaciones carnales. Por
último, queremos dejarle una pregunta: si fuimos desde 1966 tan malos
pagadores y acumulamos tanta deuda ¿ Por qué nos siguieron prestando
durante tanto tiempo?. ¿QUÉ
ACCIONES SE REALIZARON Y CUÁLES SE PUEDEn REALIZAR? Constantemente
se realizan múltiples acciones contra las deudas del Tercer Mundo,
algunas a nivel nacional y otras internacional: A
nivel nacional: ·Un
ciudadano, Alejandro Olmos, dedicó los últimos 18 años de su vida a la
investigación de la DE, lo que lo llevó a realizar varias denuncias. Su
insistencia y convicción permitieron que se llegara a un fallo judicial
único en el mundo. ·En julio de 2000, el Juez Jorge Luis Ballestero,
titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2,
Secretaría Nº 4, de Capital Federal, dictó sentencia en la causa Nº
14.467, caratulada “Olmos Alejandro s/denuncia”. En este fallo se
declaró que la deuda del período 1976-1983 es ilegítima, ilegal e ilícita.
Martínez de Hoz, su principal inculpado, quedó sobreseído, porque la
causa había prescripto. El Juez envió el expediente al Congreso de la
Nación para que éste actuara de acuerdo a lo que dicta la Constitución
(art. 36) por tratarse de un grave hecho de estado, sin embargo esto no ha
prosperado. (www.diarioelzonda.com/deuda/dictamen.htm) ·A raíz de esta
“indiferencia” en el Congreso, el Foro Argentino de la DE presentó un
recurso de amparo en marzo del 2002 para que el gobierno interrumpa las
negociaciones con el FMI, en consideración al fallo de juez Ballestero
(ver www.ladeudaexterna.com). ·También
en el año 2002 se presentaron en el Congreso dos proyectos de ley contra
la deuda, solicitando al Estado acudir a los Tribunales Internacionales,
uno de ellos está patrocinado por la Asociación Americana de Juristas,
una organización que trabaja incansablemente con este tema. Y el otro
promovido por el decano de la Facultad de Derecho de la UBA. ·En
los últimos años hubo movimientos dentro de la ciudadanía en procura de
un avance en la toma de conciencia de los pueblos. En Septiembre de 2000
se realizó un “Tribunal Ético sobre la DE y las políticas de ajuste
neoliberal” en la Ciudad de Bs. As. con la participación de
personalidades y organizaciones sindicales, eclesiásticas, culturales,
sociales. A
nivel internacional: ·
La coalición Jubileo 2000, surgida en Inglaterra en 1996, aglutinó
organizaciones de todo el mundo, que desde diferentes perspectivas
criticaron la situación creada a partir del endeudamiento de los países
empobrecidos. Esta coalición internacionalizó las movilizaciones por la
condonación de la deuda, haciéndolas coincidir con las reuniones cumbre
del G8. La experiencia de Jubileo 2000 dio lugar al nacimiento, en 1999,
de la red Jubileo Sur, integrada únicamente por colectivos de los países
del Sur, que introdujeron un nuevo discurso exigiendo la anulación total
de la deuda, fruto de su ilegitimidad, y reclamando una deuda social, ecológica
e histórica del Norte a favor del Sur. Entre los planteos alternativos,
han desarrollado un proyecto para resolver concretamente este grave
problema (www.jubilee2000uk.org
). ·
Junto a Jubileo Sur hay organizaciones como CADMT de Bélgica (Comité
para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo) , RCADE de España (Red.
Ciudadana por la Abolición de la DE), OXFHAM de Inglaterra, ATTAC de
Francia, DIALOGO 2000 (Argentina) y otras, las cuales están llevando a
cabo críticas contundentes al actual modelo de relaciones Norte – Sur.
Desde estas organizaciones se han propuesto alternativas a los programas
de alivio de la pobreza y de la DE; se ha coordinado y canalizado una
importante movilización ciudada na de protesta, despertando una
conciencia social respeto de las injustas relaciones entre países. Además
se han iniciado campañas de lucha contra el ALCA y la creciente
militarización de América Latina, próximos avances contra nuestros
pueblos. ·
Existe un importante y poco difundido documento del Papa Juan Pablo II
(1985), alertando a los responsables internacionales sobre el aspecto ético
del endeudamiento. ·
Desde 1988 el Dr. Espeche Gil fundamenta un pedido de opinión consultiva
a la Corte Internacional de Justicia (en La Haya). Esta tesis, conocida
con el nombre de Doctrina Espeche Gil plantea que los incrementos de las
tasas de interés, decididos por el “Federal Reserve Bank” en 1980,
elevadas del 6 al 22% en pocos meses y aplicadas unilateralmente por los
acreedores, contravienen normas convencionales y consetudinarias del
derecho internacional y principios generales del derecho que las hacen ilícitas
para el Derecho Internacional Público. Las opiniones consultivas a la
Corte Internacional de Justicia (que pueden ser pedidas sólo por los
gobiernos de los Estados parte) tienen mucha importancia, ya que, si bien
no son sentencias, son vinculantes para los organismos del sistema de las
Naciones Unidas, entre los cuales se encuentran el FMI y el Banco Mundial. ¿Y
SI RECLAMAMOS LO QUE LOS PAÍSES iACENTRALESl. DEBEN A Desde
el punto de vista económico-financiero, si se hiciera un estudio
descontando los pagos realizados, las deudas ficticias, los intereses
usurarios, los intereses sobre los intereses, los gastos y comisiones
desproporcionados,y la fuga de capitales, se llegaría a la conclusión de
que la deuda ha sido totalmente pagada y probablemente se vería que los
presuntos deudores somos en realidad acreedores. Desde
un punto de vista ético habría que poner en un platillo de la balanza la
presunta deuda y en el otro la deuda social, ecológica e histórica que
los acreedores tienen con los supuestos deudores. Es decir poner en ese
platillo el enorme daño social causado con las políticas de ajuste; el
daño ecológico causado por las industrias contaminantes y desechos tóxicos
transportados a los países del Tercer Mundo desde el Primero, además de
la devastación de los bosques, y la deuda histórica contraída con los
presuntos deudores durante siglos de despojo de sus riquezas y recursos
humanos (oro, plata, arte y saberes precolombinos irremplazables).
ALGUNOS
DATOS ACTUALES. Hoy
los datos del INDEC de Mayo/2002 nos muestran que el deterioro de nuestra
dignidad sigue en aumento, hasta colocar a los derechos a la vida y a la
libertad en serio riesgo: ·
El 53,% de la población y 60% de niños están bajo la línea de pobreza
(ingreso menor, para una familia de 4 personas, de $ 600/mes, inferior a
la Canasta Básica Total) ·
El 24,8% de la población (uno de cada cuatro habitantes) es indigente (ingreso
menor, para una familia de 4 personas a $ 253 /mes, inferior a la Canasta
Básica Alimentaria), lo que nos muestra que en pocos meses este
porcentaje se duplicó, ya que en Octubre de 2001 era del 12,2%. ·
Por los aumentos de precios de los alimentos, entre octubre del 2001 y
marzo del 2002, el porcentaje de familias indigentes, aumentó del 8% al
16% ·
La DE pública representa hoy, más del 135% del PBI, los intereses de
esta deuda son el 23% del presupuesto consolidado, el 100% del superávit
co mercial, el 200% del presupuesto educativo consolidado, el 500% del
presupuesto consolidado de salud y casi 10 veces, los montos de Plan de
Jefes Jefas de hogar desocupados (publicación UN La Plata 2002) El
mismo sometimiento salvaje se hizo con los pueblos originarios a partir de
1492 para saciar las mismas voracidades económicas de los mismo sectores
sociales, como parte del mismo proceso de transferencia de riquezas desde
las economías débiles a las fuertes. El derecho se creó justamente para
evitar el imperio de la ley del más fuerte y debemos ejercerlo Muchos
piensan que desde la simple condición de ciudadano nada se puede hacer.
Pero la realidad es diferente, sobre todo cuando esos ciudadanos se
organizan.
NUESTRA
PROPUESTA Es
necesario entender el tema de la Deuda trascendiendo la dimensión económica.
Hay que terminar con el imperio de la economía en la interpretación de
la vida y derechos de los pueblos Desde
las Asambleas Populares de vecinos autoconvocados de Mar del Plata, en
conjunto con la Asamblea Permanente por los DDHH de Mar del Plata y el
Seminario Permanente en DDHH de la Fac. de Psicología de la UNMdP,
impulsamos una denuncia ante el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de
las Naciones Unidas, por la violación sistemática de los DDHH, originada
por el pago de una DE declarada jurídicamente ilegítima, ilegal e ilícita.
El ECOSOC es el organismo de la ONU encargado de promover mejores niveles
de vida, a partir del progreso económico y social de las naciones, de
facilitar la cooperación en el orden cultural y educativo, y de fomentar
el respeto universal de los DDHH. y las libertades fundamentales. Convocamos
a la comunidad a ejercer nuestros derechos ante los organismos
internacionales participando de esta denuncia. Sabemos
que dentro de esta estructura supranacional (ONU), los estados acreedores
tienen fuerte presencia, pero pretendemos generar la suficiente presión
política de la comunidad internacional para mostrar esta inaceptable
contradicción de sus dirigentes que en una misma estructura abogan por
los derechos humanos al mismo tiempo que los violan. Tampoco
debemos dejar impunes a los responsables directos. Debemos exigir que se
juzgue por “traición a la patria” a nuestros funcionarios. Esta es
solo una de las acciones posibles en relación al tema de la DE en
particular y de la situación de nuestro país en general. No pensamos
siquiera que sea “la acción” más importante, sino una contribución
mas en un camino donde todos los aportes resultan imprescindibles. Creemos
que es momento de participar en la construcción de una sociedad más
justa, no sólo por nosotros sino también por el bienestar de las
generaciones venideras. Los
países que se arrogan la condición de acreedores avanzan hasta donde los Para
cerrar nuestro documento le dejamos las palabras del sociólogo francés
Edgar Morin: “hoy
no existen poderes que puedan controlar a los grandes poderes de la
destrucción” ... “ el sur de América, el sur del planeta, deben
tener un rol muy importante porque los países llamados atrasados tienen
saberes que escapan al modelo hegemónico. El sur debe apoyarse en la
creación de una política de la civilización. Debe dejar de considerarse
objeto y pasar a ser sujeto de la historia” Bibliografía El Tribunal Ético sobre
la Deuda Externa y las Políticas de Ajuste Neoliberal, documento del
21/09/2000 Alejandro Olmos: “Todo lo
que Ud. quiso saber sobre la DE y siempre se lo ocultaron”, Editorial De
los Argentinos Alejandro Teitelbaum :Seminario
internacional- la Deuda y las Instituciones Financieras Internacionales
frente al derecho internacional.(ponencia); La DE ante el derecho
internacional público. Cátedra de Economía Política y
Problemática Económica Argentina (Facultad de Periodismo y Comunicación
Social / Universidad de La Plata): La Deuda Externa Argentina: no queremos
ayuda, queremos justicia. Agradecemos
a: Alfredo
E. Calcagno, Julio Gambina, Laura Ramos, Alejandro Teitelbaum, Marcelo
Alvarez. Secretaría
de Extensión / UNMdP. Grupo
TINTA (Trabajadores Independientes en la Toma del Arte): Angel Lucero (SAITAM),
Nicolás Lugani (NICO), Julia Santesteban (JULK) y HB-Ruedas.
Email:
ladeudaolavida@hotmail.com *****************************************
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