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Comité Canadiense para Combatir los Crímenes Contra la Humanidad
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Volver a retransmisión de mensaje Juan
Gaspari, Ginebra, Suiza, 3 de diciembre de 2002. Sr. Ambeyi Ligabo, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de
la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Oficina
del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Palais
Wilson Ginebra,
Suiza
De
mi mayor consideración,
me
permito insistir sobre mi denuncia formulada el pasado 11 de abril de 2002
a vuestro predecesor, el Sr. Abid Hussain, de la cual le adjunto copia en
castellano, sobre la maniobra de amedrentamiento y desprestigio de la que
somos objeto ciertos periodistas en Argentina, en particular la campaña
de asedio y derribo que impulsan algunos magistrados en ese país cuando
se revelan en la prensa comportamientos indecentes o corruptos por parte
de jueces y fiscales, como fue el caso que pusiera oportunamente en
vuestro conocimiento, perpetrado en mi contra por el ex-juez federal de
Buenos Aires, Gabriel Cavallo, actualmente miembro de la Cámara Federal
de Buenos Aires, y por la entonces también integrante de esa Cámara, María
Luisa Riva Aramayo, posterior y recientemente fallecida.
Como
Ud. recordará, estos jueces manifestaron su contrariedad por el libro «La
Prueba» (Ediciones Javier Vergara, Buenos Aires, octubre de 2001), del
que soy autor con mi colega Norberto Bermúdez, cuyo ejemplar le entregara
junto a mi comunicación precedente, publicado y agotada su venta en
Argentina, una investigación periodistica en la que destaparamos el
lamentable papel jugado por los antes citados, en particular por Gabriel
Cavallo, con responsabilidades como juez de instrucción en el
esclarecimiento del conocido escandalo de los sobornos pagados por el
gobierno del Presidente Fernando De la Rúa a varios senadores nacionales,
para que promulgaran la ley de reforma laboral en Argentina, generando una
situación de inestabilidad y descalabro institucional que desembocó en
la caida del gobierno nacional en diciembre de 2001, un acontecimiento en
el que centraramos el tratamiento de nuestro libro, escándalo que
desgraciadamente ha quedado impune no obstante permanece todavía abierto
el procedimiento penal en los juzgados federales de Buenos Aires. Tanto
Cavallo como Riva Aramayo no contribuyeron con su labor a investigar el
pago de esos sobornos como eran sus obligaciones al ser titulares de las
jurisdicciones encargadas de hacerlo, dejando de esclarecer los presuntos
delitos de cohecho y prevaricación de un expediente emblematico que
provocó una de las crisis más importantes de las que ha padecido la
democracia argentina desde la caida de la dictadura militar en 1983.
Con el animo de desestabilizarme y deslegitimar mi trabajo periodistico, queriendo desprestigiarme y ejercer presión para desvalorizar «La Prueba» recordará Ud. que Cavallo y Riva Aramayo habían convocado a nosotros, los autores del libro, a una mediación extrajudicial el pasado 26 de abril de 2002, para obligarnos a rectificar el contenido de lo que habiamos escrito, bajo amenaza de demandarnos judicialmente y exigirnos una suma exorbitante de dinero en calidad de indemnización por hipoteticos daños y perjuicios, lo cual resultó un mecanismo coercitivo sin fundamento en verdad alguna, como tuve oportunidad de exponerlo publicamente en la conferencia de prensa que diera en el Club Suizo de Prensa de Ginebra el 23 de abril pasado, cuya convocatoria le agrego para completar vuestra información. Aquella audiencia tuvo lugar, donde Cavallo y Riva Aramayo desplegaron sus argumentos, los que rebatimos en una audiencia posterior fijada con el consenso de las partes el 5 de julio de 2002, y como observará en el acta de la cual le hago llegar copia, se puso termino a la mediación sin ningun acuerdo, abriendo la posibilidad para Cavallo y Riva Aramayo de llevar sus revindicaciones a los tribunales justicia, pero declinaron hacerlo, quedando claro que se trató de una tentatva intimidación que debimos resistir para que se respetara la libertad imprescindible de los periodistas necesaria al cumplimiento de las reglas que rigen nuestra profesión, y sin rectificación o revisión alguna de lo que publicamos como sucedió en esta oportunidad con «La Prueba». Entre
tanto conviene subrayar que se viene observando en la Argentina el
derrumbe moral de algunos integrantes de los aparatos de justicia,
generando un cuadro inquietante que pone en peligro la estabilidad
democratica, como lo ha reflejado el celebre periodista argentino Joquín
Morales Solá en su artículo de opinión aparecido en el conocido diario
madrileño «El País» del 5 de noviembre de 2002, cuya copia va junto a
la presente, afirmando que «no hay gobernantes ni legisladores ni jueces
argentinos que cuenten con un mínimo de credibilidad en la sociedad ni en
el mundo», una convicción profundizada por el periodista y escritor
argentino Tomás Eloy Martínez en ese mismo diario español, en la
entrevista que le hicieran el 8 de noviembre de 2002, resumiendo que la
Argentina «está en manos de una clase rapaz e incompetente», reportaje
que asimismo le aporto. No resulta por tanto extraño que se pida juicio
político para el juez Gabriel Cavallo, como lo ha requerido el Fiscal
General de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Buenos Aires el
17 de septiembre de este año, por la posible comisión de los delitos de
prevaricato, abuso de autoridad, y privación ilegítima de la libertad,
infracciones cometidas por este juez en el ejercicio de sus funciones, un
escrito que también le envio, que dicho sea de paso ayuda acomprender de
lo que puede ser capaz de hacer Gabriel Cavallo con el periodismo para
cubrir las aberraciones que distinguen su carrera judicial.
A
la luz de vuestro último informe anual presentado por Sr. Abid Hussain
(E/CN.4/2002/75), incluyendo la adición a dicho informe respecto a la
misión cumplida por él en Argentina (E/CN.4/2002/75/add.1), tomando en
consideración que en el punto 171 del segundo de esos documentos se lee
que en Argentina «la gran mayoría de los periodistas tienen experiencia
y desempeñan su labor con gran competencia », rescatando además «la
alta calidad del periodismo de investigación», resultando inquietante
que en el punto 172 el Sr. Hussain siga «preocupado por el número de
ataques, incidentes de acoso y amenazas que afectan a periodistas»,
quiero hacer resaltar este dato que me concierne y que constituye el
motivo de esta y de mi comunicación anterior. Habiendo
probado que los jueces Cavallo y Riva Aramayo emprendieron una acción
para socavar mis derechos de expresión y opinión, intentando afectar mi
libertad profesional como periodista, le ruego acoja este complemento de
la denuncia que le formulé inicialmente el 15 de abril pasado y le de
curso, y le pido tome las medidas que estan en su competencia para
asegurar el respeto de mi derechos, y para que se repare un acto de
injusticia que persigue aniquilar mi solvencia profesional como periodista
acreditado en la sede de la ONU en Ginebra, miembro de la Asociación de
Corresponsales de Naciones Unidas (ACANU) y ante el gobierno federal suizo,
quien colabora con varios medios de prensa en idioma castellano, siendo
ademas autor de 9 libros periodisticos, diplomado en periodismo en la
Universidad de Friburgo, en Suiza, y doctorado en sociologia en la
Universidad de Ginebra. En
espera de sus noticias, lo saluda con la mayor consideración,
Juan
Gaspari 34,
Rue la Calle 1213
Onex Genève Suisse
PD.
Se añade un comunicado de Juan Gasparini (Gaspari) y Norberto Bermúdez
distribuido en esta misma fecha a los medios de comunicación.
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